Áreas protegidas en los territorios líquidos de Colombia. Estrategias de protección ambiental en espacios marinos y oceánicos

35 páginasA partir de los años sesenta del siglo xx Colombia dio inicio a un proceso de delimitación y alinderamiento de espacios naturales que en razón de su singularidad ecológica debían ser preservados. Si bien es cierto, la gran mayoría de dichos espacios corresponde inicialmente a territorios continentales, no es menos cierto que de igual manera áreas costeras y posteriormente oceánicas, se han ido incorporando al catálogo del patrimonio natural jurídicamente tutelado. Las políticas nacionales en materia de mares y océanos han demarcado un norte en ese sentido, y actualmente, una vez acogidos dichos espacios a los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), se afianza y concretiza una política pública estructurada de protección. Este trabajo de investigación, resultante del proyecto “Procesos de Territorialización del Caribe Colombiano”, presenta un análisis de carácter jurídico en el que se abordan los factores históricos que dieron origen a nuestra actual política de protección de espacios marinos y oceánicos, así como el estudio de la normativa desarrollada en las últimas décadas y las perspectivas futuras que definen el devenir de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en esa materia

Aguas marinas en Colombia, historia, desarrollo y perspectivas de las políticas públicas para mares y océanos

32 páginasEl 71% de la superficie del planeta Tierra está constituido por mares y océanos, sin embargo, el conocimiento de sus riquezas y potencialidades es mínimo. A lo largo de la historia estos cuerpos de agua han servido tan solo como una vía de comunicación entre los países del mundo, pero los avances en la tecnología, el transporte y el comercio han inducido a una nueva forma de apropiación de los espacios marinos y oceánicos. Estas formas de apropiación han implicado a su vez el establecimiento de una normativa que permita un aprovechamiento y convivencia pacíficos entre los Estados, fruto de ello surgió la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. A pesar de haber participado históricamente de sus negociaciones, Colombia no forma parte de los 168 países que han ratificado dicha convención. Este documento analiza la historia, desarrollo y evolución, así como las perspectivas del país en la esfera internacional en materia de políticas nacionales para mares y océanos

Territorios líquidos de Colombia. Espacios marítimos e insulares ante la legislación nacional e internacional

44 páginasColombia conserva una larga tradición de respeto hacia los acuerdos y tratados internacionales. Sin embargo, ha seguido un derrotero en ocasiones alejado de esa tendencia, de tal manera que en su legislación introduce y adopta conceptos referentes a la definición de espacios marítimos tales como Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva (zee) y Plataforma Continental, aceptados por la comunidad y la legislación internacional por medio de acuerdos multilaterales, sin que para el país se hayan creado vínculos jurídicos (convenios) derivados de ellos. Esta investigación analiza, desde la perspectiva de la evolución histórico-jurídica, los acontecimientos legislativos que han dado como resultado nuestra actual estructura normativa en materia de definición de espacios marítimos, conscientes de que constituye una base fundamental para plantear las estrategias de abordaje de los retos derivados de la gestión territorial y ambiental del 50 % de nuestro territorio

Colombia como caso de estudio

La Constitución política colombiana de 1991 estableció una serie de mecanismos jurídicos a través de los cuales los ciudadanos son llamados a ser partícipes en los procesos de toma de decisiones tales como las consultas populares, consulta previa, veedurías ambientales y otras. Estos mecanismos han venido siendo implementados mediante un proceso gradual y sistemático en el quehacer político-administrativo del país, no siempre con los resultados esperados. Sin embargo, deben ser considerados como la herramienta que permite la participación ciudadana en el momento de definir la viabilidad de proyectos o acciones que puedan incidir en el desarrollo de la nación, desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. Sin embargo, y en razón a que los procesos de planificación enfocados de manera directa a la zona costera se vienen implementando desde hace solo un par de décadas, el conocimiento y la utilización de estas herramientas jurídicas aún es incipiente. El objetivo de este documento radica en poner de relieve cuáles son estos mecanismos y cómo están integrados en las políticas nacionales, en particular con la PNAOCI

Artemisa: En defensa del medio ambiente

Artemisa: un compromiso estratégico de la Fuerza Pública con el medio ambiente Diego Molano AponteMinistro de Defensa Nacional Estamos ante una encrucijada global de proporciones nunca vistas. El planeta se calienta más rápido de lo esperado y enfrentamos condiciones climáticas cada vez más extremas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la vida humana en el mediano y largo plazo. El nivel de los océanos está aumentando, los arrecifes de coral están muriendo, las especies se están extinguiendo, los glaciares se están derritiendo y las condiciones climáticas extremas se hacen cada vez más frecuentes con intensas olas de calor, inundaciones, huracanes, incendios y/o sequías. Para hacer frente a esta compleja situación, todos, personas e instituciones en los ámbitos nacional, regional y global, tenemos que hacer nuestra parte para evitar llegar a un punto de no retorno. Aunque Colombia solo genera el 0,6 % de los gases de efecto invernadero (GEI), es uno de los veinte países más amenazados por la crisis climática. Nuestro país alberga el 50 % de los páramos del mundo y es catalogado como una potencia en agua, biodiversidad y ambiente, aloja alrededor del 10 % de la fauna y flora del mundo, teniendo por ello un rol central en los esfuerzos globales que se realizan para mitigar los efectos del cambio climático. También es reconocido por ser el segundo país con más alta presencia en biodiversidad en la tierra, goza de dos océanos, cinco vertientes hidrográficas, ríos, lagunas y ciénagas, siendo de esta manera el agua un recurso fundamental para el desarrollo de las generaciones futuras. El país cuenta con grandes extensiones de páramos, los cuales son la fuente del 70 % de agua dulce en nuestro país y comparte al sur de nuestras fronteras con la Amazonía, considerada la selva tropical más extensa del planeta y el pulmón del mundo. Una porción representativa de ese 10 % del total de la biodiversidad mundial que tiene nuestro país, se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), del que hace parte el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las Reservas Forestales (más de 17 millones de hectáreas), una fuente importante de bienes y servicios ecosistémicos, entre los cuales, el suministro del recurso hídrico incluye más del 62 % de los nacimientos de los acuíferos nacionales y abastece a casi un 80 % de la población colombiana. Así mismo, protege lagunas y ciénagas que contienen el 20 % de los recursos hídricos que abastecen la generación de energía eléctrica del país. En estas áreas protegidas se conservan muestras representativas de los ecosistemas naturales marinos y continentales, los cuales, además de albergar un gran número de especies de fauna y flora, contribuyen a la regulación del clima y protegen las cuencas hidrográficas. Es así como por su especial importancia ecológica, los Parques Nacionales Naturales tienen la función de conservar, proteger y salvaguardar sus ecosistemas de especial valor por medio del Estado y de los particulares. Esta gran riqueza ambiental del país está siendo amenazada por el uso indebido de los recursos naturales, lo que genera un acelerado deterioro de los ecosistemas, alterando su funcionalidad y poniendo en riesgo la biodiversidad. Esta problemática se ha convertido en un reto de primer orden para el Estado colombiano, sus autoridades ambientales y la sociedad en general. El Sector Defensa no ha sido ajeno a esta realidad, por lo que en el marco definido por la ley, la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha reconocido el potencial desestabilizador de las afectaciones causadas por las diversas actividades ilícitas de los Grupos Armados Organizados (GAO), los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y ciudadanos que hacen un uso indebido de los recursos naturales. Fenómenos como la siembra de cultivos ilícitos, la extracción ilícita de minerales, la tala indiscriminada, la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras, la pesca ilegal, la contaminación, el vertimiento de sustancias peligrosas y el tráfico ilegal de flora y fauna, han debilitado los ecosistemas nacionales. Estas actividades ilegales afectan los recursos hídricos del país, los suelos, los páramos y la atmósfera, produciendo efectos negativos que generan deforestación, pérdida de hábitats, extinción de especies, la destrucción de fuentes de agua, el deterioro de las tierras de cultivos e impactos negativos en las reservas forestales y las áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). La degradación ambiental que hemos visto no solo es utilizada por las organizaciones criminales para obtener recursos que les permiten sostener su accionar delictivo en diversas zonas del país, más grave aún, se constituye en un atentado directo contra el porvenir de las generaciones futuras. Es por ello que el Sector Defensa ha reconocido el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de interés nacional, con un carácter principal y prevalente, buscando apoyar con sus capacidades a las autoridades ambientales del país, con el fin de realizar acciones cada vez más eficaces contra las organizaciones criminales responsables del deterioro ambiental. Es en ese contexto surge la idea de este libro, que busca presentar la problemática que se enfrenta y visibilizar las acciones realizadas por el Sector Defensa en coordinación con las autoridades ambientales, con el fin de apoyar la defensa de estos activos estratégicos, así como prevenir los daños futuros a los mismos, en aras de trabajar en la protección de los recursos naturales, bajo una visión multidimensional de la seguridad. El Ministerio de Defensa (MDN) ha sido consciente de los desafíos climáticos a los que se enfrenta, no solo el Sector, sino el territorio nacional, en cuanto a los impactos cada vez mayores derivados de las condiciones meteorológicas extremas y la explotación de los recursos. Por ello, el Sector ha trabajado para alinearse con la Política Nacional de Cambio Climático, los compromisos del país ante la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), el cumplimiento del CONPES 4021 de diciembre de 2020 para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de Bosques, para así aportar con acciones de adaptación, mitigación y gestión del riesgo ante el cambio climático y variabilidad climática mediante del Plan de Gestión de Cambio Climático del Sector Defensa (PIGCCSD). Este libro reúne los principales resultados del Sector Defensa en materia de protección del medio ambiente y resalta la articulación de las políticas, así como de la operativización de las mismas por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por la protección de los recursos naturales de la Nación, una responsabilidad que ha quedado claramente plasmada en la “Estrategia Artemisa”, que es un esfuerzo permanente, sostenido, conjunto, coordinado, e interinstitucional que permitirá proteger y defender el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la Nación, a partir de la lucha contra la deforestación, sus causas directas o subyacentes y contrarrestar los efectos del cambio climático, como también la lucha contra la explotación ilícita de minerales, contra los cultivos ilícitos que afectan el medio ambiente y el conjunto de actividades de control y vigilancia que apoya nuestra Fuerza Pública para la defensa de los recursos naturales. Trabajando de forma articulada con la Fiscalía, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y la Unidad de Parques Nacionales Naturales, en diversas zonas del país, la Estrategia Artemisa ha permitido brindar apoyo a las autoridades ambientales y administrativas, para preservar y defender el agua, la biodiversidad y el medio ambiente en las áreas de reservaforestal, áreas protegidas y 59 Parques Nacionales Naturales. Mediante la Directiva Permanente 008 del 22 de marzo de 2022, el MDN institucionalizó e impartió lineamientos e instrucciones al Comando General de las Fueras Militares, la Dirección General de la Policía Nacional y la Unidad de Gestión General del MDN, con el propósito de implementar medidas, desplegar operaciones, actividades de apoyo y gestión ambiental, para la implementación de la Estrategia Artemisa. De esta forma y bajo un enfoque sostenido, conjunto, coordinado, interinstitucional y multilateral, se trabajará para incluir dentro de la doctrina militar y policial las acciones relacionadas con la protección del agua, la diversidad y el medio ambiente, al tiempo que se concentrarán los esfuerzos de inteligencia en la identificación del modus operandi de las organizaciones criminales que afectan el medio ambiente, desarrollando operaciones contra los GAO y los GDO que atentan contra el medio ambiente. Desde el 2019 a la fecha se han realizado diecisiete (17) operaciones sobre las áreas de los Parques Nacionales Naturales, especialmente en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, como son los Parques Nacionales Naturales (PNN) Serranía de Chiribiquete, PNN La Paya, PNN Tinigua, PNN Picachos, PNN Sierra de La Macarena, la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y la Reserva Natural Nukak. Se han dispuesto, para esta campaña, 22.300 hombres de la Fuerza Pública, que, desde sus respectivas unidades militares y policiales resguardan las áreas protegidas del territorio nacional. Estas unidades incluyen: 10 batallones dealta montaña (páramos), una brigada contra el narcotráfico, una brigada contra la minería ilegal, unidades de guardacostas, infantería de marina y efectivos de la Policía Nacional. El Sector Defensa es consciente de que a futuro será fundamental continuar fortaleciendo las capacidades de la Fuerza Pública para, en el marco de sus competencias, continuar apoyando a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad en la defensa y preservación del agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la Nación. Será fundamental profundizar la disrupción del delito de la explotación ilícita de minerales, mediante el desmantelamiento de las economías ilícitas que se lucran de ella y de la afectación de la cadena criminal. En igual medida, será vital apoyar la recuperación de los ecosistemas más afectados por las actividades ilegales, por medio de actividades de restauración de áreas, del trabajo articulado con las comunidades, la construcción y mantenimiento de viveros forestales y el fortalecimiento a las investigaciones científicas lideradas desde la Armada Nacional y la Dirección General Marítima para la protección de los océanos, el recurso hídrico y sus ecosistemas. De esta forma será posible continuar trabajando en la reducción de los riesgos que se ciernen sobre los ecosistemas del país y disminuir los índices de deforestación, y tras la búsqueda de soluciones que contribuyan a la reducción y mitigación de los GEI. Esta estrategia que ha puesto en marcha el Sector Defensa y que es recogido en esta obra, presenta los aportes sectoriales del trabajo interinstitucional que se han venido realizando en los últimos años, siendo un ejemplo de la forma en la que se pueden sumar esfuerzos para contribuir a la superación de la encrucijada global que nos afecta a todos y que debe ser enfrentada con un esfuerzo común.Artemisa: un compromiso estratégico de la Fuerza Pública con el medio ambiente Diego Molano AponteMinistro de Defensa Nacional Estamos ante una encrucijada global de proporciones nunca vistas. El planeta se calienta más rápido de lo esperado y enfrentamos condiciones climáticas cada vez más extremas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la vida humana en el mediano y largo plazo. El nivel de los océanos está aumentando, los arrecifes de coral están muriendo, las especies se están extinguiendo, los glaciares se están derritiendo y las condiciones climáticas extremas se hacen cada vez más frecuentes con intensas olas de calor, inundaciones, huracanes, incendios y/o sequías. Para hacer frente a esta compleja situación, todos, personas e instituciones en los ámbitos nacional, regional y global, tenemos que hacer nuestra parte para evitar llegar a un punto de no retorno. Aunque Colombia solo genera el 0,6 % de los gases de efecto invernadero (GEI), es uno de los veinte países más amenazados por la crisis climática. Nuestro país alberga el 50 % de los páramos del mundo y es catalogado como una potencia en agua, biodiversidad y ambiente, aloja alrededor del 10 % de la fauna y flora del mundo, teniendo por ello un rol central en los esfuerzos globales que se realizan para mitigar los efectos del cambio climático. También es reconocido por ser el segundo país con más alta presencia en biodiversidad en la tierra, goza de dos océanos, cinco vertientes hidrográficas, ríos, lagunas y ciénagas, siendo de esta manera el agua un recurso fundamental para el desarrollo de las generaciones futuras. El país cuenta con grandes extensiones de páramos, los cuales son la fuente del 70 % de agua dulce en nuestro país y comparte al sur de nuestras fronteras con la Amazonía, considerada la selva tropical más extensa del planeta y el pulmón del mundo. Una porción representativa de ese 10 % del total de la biodiversidad mundial que tiene nuestro país, se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), del que hace parte el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las Reservas Forestales (más de 17 millones de hectáreas), una fuente importante de bienes y servicios ecosistémicos, entre los cuales, el suministro del recurso hídrico incluye más del 62 % de los nacimientos de los acuíferos nacionales y abastece a casi un 80 % de la población colombiana. Así mismo, protege lagunas y ciénagas que contienen el 20 % de los recursos hídricos que abastecen la generación de energía eléctrica del país. En estas áreas protegidas se conservan muestras representativas de los ecosistemas naturales marinos y continentales, los cuales, además de albergar un gran número de especies de fauna y flora, contribuyen a la regulación del clima y protegen las cuencas hidrográficas. Es así como por su especial importancia ecológica, los Parques Nacionales Naturales tienen la función de conservar, proteger y salvaguardar sus ecosistemas de especial valor por medio del Estado y de los particulares. Esta gran riqueza ambiental del país está siendo amenazada por el uso indebido de los recursos naturales, lo que genera un acelerado deterioro de los ecosistemas, alterando su funcionalidad y poniendo en riesgo la biodiversidad. Esta problemática se ha convertido en un reto de primer orden para el Estado colombiano, sus autoridades ambientales y la sociedad en general. El Sector Defensa no ha sido ajeno a esta realidad, por lo que en el marco definido por la ley, la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha reconocido el potencial desestabilizador de las afectaciones causadas por las diversas actividades ilícitas de los Grupos Armados Organizados (GAO), los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y ciudadanos que hacen un uso indebido de los recursos naturales. Fenómenos como la siembra de cultivos ilícitos, la extracción ilícita de minerales, la tala indiscriminada, la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras, la pesca ilegal, la contaminación, el vertimiento de sustancias peligrosas y el tráfico ilegal de flora y fauna, han debilitado los ecosistemas nacionales. Estas actividades ilegales afectan los recursos hídricos del país, los suelos, los páramos y la atmósfera, produciendo efectos negativos que generan deforestación, pérdida de hábitats, extinción de especies, la destrucción de fuentes de agua, el deterioro de las tierras de cultivos e impactos negativos en las reservas forestales y las áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). La degradación ambiental que hemos visto no solo es utilizada por las organizaciones criminales para obtener recursos que les permiten sostener su accionar delictivo en diversas zonas del país, más grave aún, se constituye en un atentado directo contra el porvenir de las generaciones futuras. Es por ello que el Sector Defensa ha reconocido el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de interés nacional, con un carácter principal y prevalente, buscando apoyar con sus capacidades a las autoridades ambientales del país, con el fin de realizar acciones cada vez más eficaces contra las organizaciones criminales responsables del deterioro ambiental. Es en ese contexto surge la idea de este libro, que busca presentar la problemática que se enfrenta y visibilizar las acciones realizadas por el Sector Defensa en coordinación con las autoridades ambientales, con el fin de apoyar la defensa de estos activos estratégicos, así como prevenir los daños futuros a los mismos, en aras de trabajar en la protección de los recursos naturales, bajo una visión multidimensional de la seguridad. El Ministerio de Defensa (MDN) ha sido consciente de los desafíos climáticos a los que se enfrenta, no solo el Sector, sino el territorio nacional, en cuanto a los impactos cada vez mayores derivados de las condiciones meteorológicas extremas y la explotación de los recursos. Por ello, el Sector ha trabajado para alinearse con la Política Nacional de Cambio Climático, los compromisos del país ante la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), el cumplimiento del CONPES 4021 de diciembre de 2020 para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de Bosques, para así aportar con acciones de adaptación, mitigación y gestión del riesgo ante el cambio climático y variabilidad climática mediante del Plan de Gestión de Cambio Climático del Sector Defensa (PIGCCSD). Este libro reúne los principales resultados del Sector Defensa en materia de protección del medio ambiente y resalta la articulación de las políticas, así como de la operativización de las mismas por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por la protección de los recursos naturales de la Nación, una responsabilidad que ha quedado claramente plasmada en la “Estrategia Artemisa”, que es un esfuerzo permanente, sostenido, conjunto, coordinado, e interinstitucional que permitirá proteger y defender el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la Nación, a partir de la lucha contra la deforestación, sus causas directas o subyacentes y contrarrestar los efectos del cambio climático, como también la lucha contra la explotación ilícita de minerales, contra los cultivos ilícitos que afectan el medio ambiente y el conjunto de actividades de control y vigilancia que apoya nuestra Fuerza Pública para la defensa de los recursos naturales. Trabajando de forma articulada con la Fiscalía, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y la Unidad de Parques Nacionales Naturales, en diversas zonas del país, la Estrategia Artemisa ha permitido brindar apoyo a las autoridades ambientales y administrativas, para preservar y defender el agua, la biodiversidad y el medio ambiente en las áreas de reservaforestal, áreas protegidas y 59 Parques Nacionales Naturales. Mediante la Directiva Permanente 008 del 22 de marzo de 2022, el MDN institucionalizó e impartió lineamientos e instrucciones al Comando General de las Fueras Militares, la Dirección General de la Policía Nacional y la Unidad de Gestión General del MDN, con el propósito de implementar medidas, desplegar operaciones, actividades de apoyo y gestión ambiental, para la implementación de la Estrategia Artemisa. De esta forma y bajo un enfoque sostenido, conjunto, coordinado, interinstitucional y multilateral, se trabajará para incluir dentro de la doctrina militar y policial las acciones relacionadas con la protección del agua, la diversidad y el medio ambiente, al tiempo que se concentrarán los esfuerzos de inteligencia en la identificación del modus operandi de las organizaciones criminales que afectan el medio ambiente, desarrollando operaciones contra los GAO y los GDO que atentan contra el medio ambiente. Desde el 2019 a la fecha se han realizado diecisiete (17) operaciones sobre las áreas de los Parques Nacionales Naturales, especialmente en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, como son los Parques Nacionales Naturales (PNN) Serranía de Chiribiquete, PNN La Paya, PNN Tinigua, PNN Picachos, PNN Sierra de La Macarena, la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y la Reserva Natural Nukak. Se han dispuesto, para esta campaña, 22.300 hombres de la Fuerza Pública, que, desde sus respectivas unidades militares y policiales resguardan las áreas protegidas del territorio nacional. Estas unidades incluyen: 10 batallones dealta montaña (páramos), una brigada contra el narcotráfico, una brigada contra la minería ilegal, unidades de guardacostas, infantería de marina y efectivos de la Policía Nacional. El Sector Defensa es consciente de que a futuro será fundamental continuar fortaleciendo las capacidades de la Fuerza Pública para, en el marco de sus competencias, continuar apoyando a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad en la defensa y preservación del agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la Nación. Será fundamental profundizar la disrupción del delito de la explotación ilícita de minerales, mediante el desmantelamiento de las economías ilícitas que se lucran de ella y de la afectación de la cadena criminal. En igual medida, será vital apoyar la recuperación de los ecosistemas más afectados por las actividades ilegales, por medio de actividades de restauración de áreas, del trabajo articulado con las comunidades, la construcc

Los retos de la gobernanza ambiental una mirada al caso de Isla Grande, archipiélago de Islas del Rosario

Las políticas ambientales en Colombia se han enfocado en la conservación de la naturaleza a través de áreas protegidas, buscando de esta manera resguardar la biodiversidad de la degradación de las actividades humanas, desconociendo a las comunidades locales asentadas en dichas áreas, lo cual genera conflictos entre los distintos actores involucrados. Este el caso de Isla Grande, Islas del Rosario (Cartagena), zona de amortiguación del Parque Nacional Corales del Rosario y San Bernardo, en donde la implementación de políticas ambientales enfocadas en la conservación ha generado desacuerdos entre los distintos actores sociales sobre el uso apropiado de los recursos naturales, específicamente con la Comunidad Afrodescendiente de Orika y los dueños de hoteles y casas de recreo. Este trabajo de investigación describe y analiza los alcances de la gobernabilidad y gobernanza ambiental en las Áreas Marinas Protegidas desde la ecología política enfocándose en los actores, sus estrategias e intereses y como esta afecta el medio ambiente.The enviromental policies in Colombia had focus in the conservation of the nature to the protected areas, with the aim of protect the biodiversity of the degradation of human activities, ignore the local community, generated local conflicts and contradictions. This is the case of Isla Grande, Rosario´s Island (Cartagena), this area was declared zone of dullingof National Park of Corales del Rosario y San Bernardo in 2005. The implementation of environmental polices focus in conservation, had generated conflicts with the social actors involved for the use of natural resources, specifically with the Afro-Colombian community that habits the area and the owners of hotels and vacation houses . This research investigation describes and analyzes the effect of the governability and environmental governance in Marine Protected Area, from the political ecology focusing in the actors, their interest and strategic and how this actions affected the environment.Politólogo (a)Pregrad

Plan de Acción Integral para el Desarrollo Territorial Sustentable del Litoral de Palomino, La Guajira, Colombia

Treballs Finals del Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Patricio Rubio Romero[spa] Los espacios litorales suelen ser muy susceptibles de sufrir cambios naturales y modificar a las actividades antrópicas que se desarrollen en sus alrededores con baja capacidad de adaptación; en ocasiones, las sociedades obvian el carácter dinámico y sensibilidad de estos espacios al desarrollar actividades económicas y socioculturales de forma espontánea y no planificada acertadamente, pues desarrollan procesos de planificación de forma aislada o desintegrada generando vestigios de desarrollo desorganizado e insostenibles, como el caso objeto de este estudio, el espacio litoral de Palomino, que de continuar con el modelo territorial actual reducirá considerablemente su oferta ambiental y se depreciará vertiginosamente los valores económicos actuales y potenciales. Ante tal problemática, se propuso la formulación de un Plan de Acción Integral para el desarrollo territorial sustentable del espacio litoral de Palomino. Para tal propósito complejo, se propuso una metodología específica conformada por cinco pasos estratégicos basada en el enfoque backcasting para planificar con base en la visión y el futuro deseable, en lugar del futuro más probable. Como resultado del ejercicio de planificación integral desarrollado según el propósito central, los recursos disponibles y las condiciones sanitarias actuales se obtuvo una visión global proyectada a cuarenta años; cuatro líneas estratégicas relacionadas con las dimensiones territoriales economía, sociocultural, ambiental y político-administración; 54 objetivos estratégicos y una serie de acciones orientadoras para conducir los esfuerzos entre instituciones, sectores económicos y demás actores hacia el desarrollo territorial sustentable del espacio litoral de Palomino.[eng] Coastal areas are usually very susceptible to natural changes and modification of the anthropic activities that take place in their surroundings with low capacity of adaptation; Sometimes, societies obviate the dynamic and sensitive nature of these spaces by developing economic and socio-cultural activities in a spontaneous and unplanned manner, since they develop planning processes in an isolated or disintegrated manner, generating traces of disorganized and unsustainable development, as in the case of Palomino's coastal space, which if the current territorial model continues, will considerably reduce its environmental offer and will depreciate the current and potential economic values. In view of this problem, it was proposed to formulate an Integral Action Plan for the sustainable territorial development of Palomino's coastal space. For this complex purpose, a specific methodology was proposed, consisting of five strategic steps based on the backcasting approach to plan based on the vision and desirable future, rather than the most probable future. As a result of the exercise of integral planning developed according to the central purpose, the available resources and the current sanitary conditions, a global vision projected to forty years was obtained; four strategic lines related to the territorial dimensions economy, socio-cultural, environmental and political-administration; 54 strategic objectives and a series of guiding actions to lead the efforts among institutions, economic sectors and other actors towards the sustainable territorial development of Palomino's coastal space

La protección de la biodiversidad en áreas marinas fuera de la jurisdicción estatal

Els Estats del món s'enfronten nous reptes per aturar la pèrdua global de la biodiversitat marina; requerint així de la protecció de el 64% de l'oceà ubicat a les àrees fora de la jurisdicció nacional. Per assolir aquesta fita diversos convenis i acords regionals s'han negociat per comprometre els estats en l'establiment de xarxes representatives de AMPs. Durant aquesta investigació s'analitzarà tant el marc jurídic global que s'ha utilitzat per a la seva designació, principalment, la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar (UNCLOS), per ser el conveni marc en matèria de l'oceà que defineix els règims de la alta mar i la Zona; així com altres instruments jurídics internacionals relacionats. A més, alguns recents esforços realitzats des d'un enfocament regional com sectorial per a aconseguir la protecció de la biodiversitat marina en aigües internacionals. Els quals en termes generals resulten encara insuficients per aconseguir la meta plantejada, així com també s'aconsegueix evidenciar els buits en el marc jurídic i en la gestió de les àrees marines fora de la jurisdicció, que sens dubte limiten la creació de les AMPs i la seva protecció adequada i efectiva per a la biodiversitat marina més enllà de la jurisdicció nacional. A inicis del 2015 es registra un avanç històric, en haver-se aprovat l'obertura de negociacions d'un nou acord d'implementació en el marc de la UNCLOS, per a la conservació i ús sostenible de la biodiversitat marina més enllà de la jurisdicció nacional. Referent a això, s'informa sobre el desenvolupament de les discussions i es brinden algunes opcions que els Estats podrien prendre en consideració en les properes negociacions. No obstant això, davant la incertesa de la seva entra en vigència s'insta a continuar amb els esforços de protecció a través d'una millor implementació dels instruments jurídics internacionals existents i gestió de AMPs aplicant enfocaments de cooperació multisectorial i entre els Estats.Los Estados del mundo enfrentan nuevos retos para detener la pérdida global de la biodiversidad marina; requiriendo así de la protección del 64% del océano ubicado en las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Para alcanzar esta meta diversos convenios y acuerdos regionales se han negociado para comprometer a los Estados en el establecimiento de redes representativas de AMPs. Durante esta investigación se analizará tanto el marco jurídico global que se ha utilizado para su designación, principalmente, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), por ser el convenio marco en materia del océano que define los regímenes de la alta mar y la Zona; así como otros instrumentos jurídicos internacionales relacionados. Además, algunos recientes esfuerzos realizados desde un enfoque regional como sectorial para alcanzar la protección de la biodiversidad marina en aguas internacionales. Los cuales en términos generales resultan aún insuficientes para alcanzar la meta planteada, así como también se logra evidenciar los vacíos en el marco jurídico y en la gestión de las áreas marinas fuera de la jurisdicción, que sin duda limitan la creación de las AMPs y su protección adecuada y efectiva para la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional. A inicios del 2015 se registra un avance histórico, al haberse aprobado la apertura de negociaciones de un nuevo acuerdo de implementación en el marco de la UNCLOS, para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional. Al respecto, se informa sobre el desarrollo de las discusiones y se brindan algunas opciones que los Estados podrían tomar en consideración en las próximas negociaciones. No obstante, ante la incertidumbre de su entra en vigencia se insta a continuar con los esfuerzos de protección a través de una mejor implementación de los instrumentos jurídicos internacionales existentes y gestión de AMPs aplicando enfoques de cooperación multisectorial y entre los Estados.States around the world face new challenges to stop the global loss of marine biodiversity; thus requiring the protection of 64% of the ocean located in areas beyond national jurisdiction. To achieve this goal several conventions and regional agreements have been negotiated to engage States in establishing representative networks of MPAs. It identifies and analyzes the overall legal framework that has been used for designation, primarily the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), as the framework agreement on the ocean that defines regimes high seas and the Area; and other international legal instruments. In addition, some recent efforts from a regional and sectoral approach to achieve the protection of marine biodiversity in international waters. During this investigation will be analyzed, the global legal framework that has been used for designation, primarily the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), as the framework agreement on defining the ocean regimes high seas and the Area; and other international legal instruments. In addition, some recent efforts from a regional and sectoral approach to achieve the protection of marine biodiversity in international waters. Which in general they were still insufficient to achieve the stated goal and also achieved highlight gaps in the legal framework and management of marine areas beyond the jurisdiction, which undoubtedly limit the creation of MPAs and their protection adequate and effective to marine biodiversity beyond national jurisdiction. In early 2015 a historic breakthrough, the opening of negotiations for a new implementation agreement have been approved in the framework of UNCLOS for the conservation and sustainable use of marine beyond national jurisdiction biodiversity is recorded. In early 2015 a historic breakthrough, the opening of negotiations for a new implementation agreement have been approved in the framework of UNCLOS for the conservation and sustainable use of marine beyond national jurisdiction biodiversity is recorded; sponsored by the United Nations. In this regard, this research provides the information available on the development of the discussions and sets out some options that States could consider in the forthcoming negotiations

Zonificación de sub-áreas prioritarias del ecosistema de manglar del sector de puerto velero (departamento del atlántico) con base en los servicios ecosistémicos que pueda prestar y sus amenazas como criterios de priorización

Ante el claro deterioro de los ecosistemas que brindan servicios y productos para el uso cotidiano y sostenimiento de la sociedad actual, la necesidad de preservar y rehabilitar zonas importantes a nivel ecosistémico se presenta imperativa. Por tal razón el desarrollo e innovación en técnicas cuya aplicabilidad permitan la protección, restauración y conservación de dichos ecosistemas de forma sustentable es una prioridad y un tema de actualidad (SER, 2004). Es por ello que desde el interior de los diferentes gobiernos comprometidos con esta causa se promueven programas de áreas protegidas, planteándolas como unidades esenciales para atesorar la biodiversidad natural y cultural, además de preservar los bienes y servicios ambientales que brindan, razón por la cual son la piedra angular de las estrategias globales de conservación de los ecosistemas y manejo de los recursos (March et al., 2009; CRA, 2013*; Gutiérrez et al., 2015). Para esto, un procedimiento clave es la planeación estratégica por medio de la cual se determinan regiones, áreas o zonas prioritarias para ser conservadas, es decir sitios específicos que debido a sus condiciones y características deben ser intervenidos con preminencia (Conservation International, 2004; Newton, 2011; Gutiérrez et al., 2015), resaltando que en muchos trabajos se sugiere darle esta prioridad a la preservación o restauración de ecosistemas que permitan la conectividad entre las áreas de conservación, con alto valor biológico y servicios ambientales (Miller et al., 2001). Las zonas costeras están establecidas como áreas prioritarias, ya que son franjas terrestre-oceánicas de gran importancia biológica y ecológica, regulando diferentes procesos y proveyendo de servicios ecosistémicos al medio (Gómez, 2009) además se erigen como áreas críticas para la seguridad alimenticia global (Cicin-Sain et al., 2006). Por ende, es conocido que de esta zona hacen parte ecosistemas que se consideran estratégicos y cumplen con dichas características, ya que se definen como aquellos que mantienen equilibrados los procesos ecológicos elementales tales como la regulación de climas, del agua, realizar la función de depuradores del aire, agua y suelos y la conservación de la biodiversidad y por otra parte en el contexto humano aportan bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo sostenible de la sociedad (Márquez, 1996; Lema y Polonía, 2006; INVEMAR, 2007)

Estudios de caso sobre manejo integrado de zonas costeras en Iberoamérica: gestión, riesgo y buenas prácticas

Los estudios de casos recopilados en este Volumen brindan información importante sobre una muestra de respuestas recientes a los desafíos planteados ante la aceleración del cambio social y ambiental en todo el litoral de América Latina. Esta recopilación es importante porque estamos entrando en una nueva fase del Antropoceno, época en la evolución de la vida en este planeta que está siendo moldeada por las acciones e impactos de nuestra especie. El Antropoceno fue identificado hace unas cuatro décadas (Crutzen y Stoemer, 2000) como partida radical del Holoceno anterior, época de estabilidad climática altamente inusual que ha prevalecido desde el retiro de las más recientes capas de hielo continental hace unos doce mil años. Es esta estabilidad climática, que no ha variado más de un grado Celsius por encima o debajo de una temperatura global media lo que generó las condiciones para la agricultura. Eso condujo a su vez al surgimiento de pueblos y ciudades y a la narrativa sobre la historia de la humanidad que todos aprendemos de niños. La evolución del Antropoceno es la causa que originó la concentración de la población humana e infraestructuras asociadas en los litorales. Se conoce desde hace varias décadas que la intensificación de las actividades humanas y los productos de desechos asociados están cambiando la ecología de este planeta